Transición Política en América del Sur 

El presente artículo busca analizar los procesos políticos de transición a la democracia en Brasil y Uruguay. ¿Cuánto sabemos de estos procesos? ¿Son procesos comparables al chileno? Te invitamos a leer. 

 

Brasil: Apesar de voce

 

La dictadura de Brasil parte con el golpe de Estado de 1964, que instaura un régimen encabezado por Humberto de Alencar Castelo Branco, 3 años después, en 1967, es institucionalizado a través de la aprobación de una constitución civil, la cual estableció sus bases para un Estado autoritario, bajo esta constitución se elimina la votación popular para poder elegir un presidente, dejando que las 2 cámaras nacionales lo designen para que luego éste, tuviera poderes casi absolutos. 

 

La transición política, fue un proceso gradual, comienza en el año 1974, al finalizar el gobierno de Emilio Garrastazu Médici, el cual es conocido como el periodo más duro, es el momento donde más gente es hecha desaparecer, asesinada y encarcelada. Es en este contexto donde parte el gobierno del General Ernesto Geisel, quien en su discurso comienza a hablar de una transición a la democracia, de apertura, él decía: “Apertura lenta, gradual y segura a la democracia” Y aunque esta fue su promesa, no significó que la gente dejó de ser encarcelada, o no se realizaran desapariciones, se continuaron realizando, pero de una manera más disminuida. Junto con esto hay una gran crisis económica a nivel internacional, la crisis del petróleo de 1973, lo que causó que en Brasil los precios del petróleo se dispararan, lo que provocó el descontento de la gente debido a que subieron los precios del resto de las cosas, y debido a la monopolización del precio del petróleo por la compañía Petrobras en Brasil, esto significó, que los salarios se mantuvieran iguales, pero los precios seguían creciendo, por lo que la gente empezó a organizarse en huelgas, demandando subidas de salarios para poder acceder a comprar insumos básicos nuevamente, por lo cual este periodo será conocido como aquel de huelgas y resistencia. Después de Geisel, va a venir el último general de la dictadura, Joao Baptista Figueiredo, quien se compromete a finalizar la dictadura, durante este periodo se comenzará a articular una coalición de oposición, que a través de la prohibición de alianzas para las elecciones de 1982 se trató de desarticular, lo cual funcionó, pero lo que la dictadura no se esperaba, es que la elección fuera a arrojar 10 gobernadores de la oposición electos en los estados más industrializados de Brasil, lo que obligó al gobierno a comenzar a negociar en la cámara baja todo tipo de leyes.

 

Todo esto culminó en las elecciones presidenciales de 1985, donde gracias a la campaña de la oposición y que el candidato del régimen era una persona muy polémica, provocó que gran parte de la clase política que apoyaba a la dictadura, los dejara, y es así como Tancredo Neves llegó al poder a través de la elección indirecta, Neves muere poco después de asumir, dejando en su lugar al vicepresidente José Sarney, más cabe destacar lo que dice la historiadora Joana Maria Pedro en una entrevista, frente a este sujeto: “tanto así que la persona que va a sustituir a Figueiredo, era una persona que durante la dictadura militar, estuvo ocupando cargos, fue aliado de la dictadura” Afirmando que finalmente lo único que cambió fue la persona en el cargo, la cual en su momento apoyó a la dictadura, no solo esto sino que también no podrá realizar juicios contra aquellas personas que cometieron violaciones de derechos humanos y los gobiernos de la época, como nuevamente plantea Joana Maria en la entrevista: “ (…) la diferencia con la que él se vio, es que no contaba más con el arsenal de la policía militar, de la marina, de la aeronáutica, y principalmente, de toda de investigación, de toda cosa que era posible hacer contra los gobiernos de la época, los gobiernos militares(…)”   Por lo cual también es posible decir que estos miembros se vieron impunes, porque el gobierno se vio sin el apoyo de las fuerzas armadas y perdió toda posibilidad de poder investigar estos crímenes, y debido también a la ley de amnistía creada en 1978, la cual siguió en funcionamiento una vez finalizado el régimen. 

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El hecho que no se hayan juzgado y hayan quedado impunes los responsables por las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos , tal como plantea la historiadora Joana Maria Pedro: “Nosotros no castigamos a los torturadores, no tenemos ese proceso, incluimos y aceptamos todo, y vemos un retorno de esto ahora, de un presidente que tuvo el coraje de enaltecer a los torturadores, y todos los procesos no fueron semejantes”. haciendo referencia a que al no cerrarse bien el proceso, al no realizarse reparaciones frente a esto, ha llevado a lo que ocurre actualmente en Brasil, que es la llegada al poder de Jair Bolsonaro, “político outsider” con un discurso autoritario, abiertamente homofóbico, misógino y autoritario. 

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Lo que vemos reflejado en distintas actitudes, por ejemplo el presidente Jair Bolsonaro, posterior a la muerte del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra , quien fue uno de los principales torturadores durante la dictadura, lo definió como “héroe nacional”. Otro ejemplo es que cuando Bolsonaro asume el poder ejecutivo en Brasil, decide eliminar al colectivo LGBTI+ como un grupo de protección de Derechos dependiente del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, es decir, las políticas públicas brasileras a partir de la llegada de Bolsonaro abiertamente excluyen a un grupo de la sociedad que históricamente ha sido vulnerado en sus derechos . 

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Estas situaciones nos llevan a afirmar que hoy en día, Brasil se encuentra en una crisis de la democracia, como plantea Joana Maria Pedro: “Hay una gran crisis de la democracia en Brasil en estos momentos, y en ese caso, yo podría decir, aquello que estaba adormecido o quieto, ha regresado, entonces, no hemos salido del todo del periodo de la dictadura.” Por lo cual nosotros nos preguntamos y cuestionamos ¿Realmente hubo justicia? O fue simplemente una transición sin rumbo, que no logró salir completamente de la etapa de la dictadura, que aún presenta un “pasado que no pasó”.

 

 

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Uruguay: Quis custodiet, ipsos custodes?

 

“Redoblando esperanza y coraje

Con margaritas de amor y de paz

Por lo chiquitos que faltan

Por los chiquitos que vienen

Uruguayos nunca más.”

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Jaime Ross y Murga Falta y Resto. La despedida del Gran Tuleque. 1987.
 

Ahora nos referiremos a Uruguay, que al igual que Chile, Argentina y Brasil, se vio afectado por similares procesos históricos tanto internos, como externos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Uruguay es considerado hoy, uno de los países con mejores índices de desarrollo humano, armonía social y estabilidad democrática de la región. Pero también tiene en su pasado reciente una serie de etapas autoritarias que lo llevaron a crisis democráticas y posteriormente a transiciones políticas hacia una nueva democracia.

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Uruguay tiene una dictadura cívico militar a partir de 1973, la dictadura uruguaya se caracterizó por su modalidad de encarcelamientos masivos y prolongados llegando a la cifra de 15.000 presos políticos. En 1980, la dictadura decide realizar un plebiscito, para la creación de una nueva constitución, sin la participación de los partidos, en donde el régimen cívico - militar que gobernaba el país, propuso un proyecto de reformas que buscaba seguir el modelo chileno neoliberal y además poder perpetuarse la dictadura, el cual, fracasa con un 57% en contra demostrando el profundo desagrado popular frente a los militares, fue el punto de no retorno de la oposición al régimen, Mónica Maronna plantea en una entrevista con nosotros: “hubo una sola campaña que fue la campaña oficial a favor del sí, una campaña fuerte, constante, permanente, sí a la reforma, sí a la constitución propuesta. La campaña por el no fue una campaña hecha sin los medios de comunicación porque estaba prohibido hacer campaña por el no, pero la campaña se hizo por otras vías, por lazos personales, a través de organizaciones sociales, a través del mano a mano, boca a boca, a través de volantes clandestinos, una cantidad de acciones que lograron que a pesar de que desde el gobierno estaban convencidos de que su proyecto de constitución prosperara, triunfó el no, el proyecto militar fue derrotado. Esto tuvo una significancia muy grande para el gobierno militar [...] un golpe muy fuerte, hay quienes hablan que no se lo esperaban, porque todo estaba a su favor, como los medios de comunicación.”

 

La derrota del régimen en el plebiscito fue un estímulo muy grande para la oposición, este sentimiento también fue reflejado en las elecciones internas de los partidos de 1982, donde el 77% de los votos fueron para aquellos que se oponían al régimen. La razón principal de la derrota puede haberse debido a la tradición democrática que seguía siendo fuerte en Uruguay. Otras razones que influyeron fueron el empeoramiento de la situación económica, y también considerando lo que sucedía en Brasil y Argentina con los militares, les convenía buscar una salida que salvaguardara los intereses de las fuerzas armadas bajo un gobierno civil electo, así se da comienzo a un proceso de transición muy lento que terminaría en una negociación pactada.

 

En 1983 se da una intensa movilización social, en donde participan movimientos estudiantiles, movimiento sindical, movimiento cooperativista y movimientos de mujeres que convergen en un mismo acto el 27 de noviembre de 1983, que fue llamado “El acto del obelisco” en donde participaron unas 400.000 personas en la ciudad de Montevideo, se considera histórico la gran masividad de este acto dado que Uruguay es un país pequeño, allí, en la capital todas las fuerzas opositoras se pronuncian en contra de la dictadura. Gracias a la presión que ejercieron estos movimientos sociales las negociaciones se retoman en 1984, pero los militares cambian de táctica, reducen sus exigencias sobre la participación en el gobierno pero a cambio querían influir en las elecciones para que ganara el menos radical a juicio de ellos, es decir la facción centrista de los Colorados con Julio María Sanguinetti a la cabeza. Logran de esta manera el llamado “Pacto del Club Naval” “(...) firmado en agosto entre los militares y los partidos (menos los blancos) fijó las condiciones del traspaso del poder, restauró la constitución de 1967 y reservó un papel puramente asesor para el COSENA.” (Bethell, 1990). 

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De esta manera los movimientos sociales, principalmente la juventud fueron protagonistas en la salida de la dictadura y en reivindicar la igualdad y la consagración de los derechos.

 

Respecto a la problemática de las violaciones a los DDHH, se creó una comisión de investigación, que operó entre abril y noviembre de 1985, que investigó sobre la desaparición de personas durante la dictadura, por medio de testimonios voluntarios y de organismos de DDHH, el informe elaborado concluyó en 24 personas detenidas, 132 desaparecidos en el exterior, con una estrecha complicidad con el régimen Argentino y responsabilizando a 61 militares uruguayos y 3 extranjeros que se excedieron en sus métodos, pero no se logró responsabilizar a la institución de las fuerzas armadas (Vinyes Ribas, R. (Dir.), 2018).  Esto nos lleva a afirmar que el tema de los Derechos Humanos y los procesos de reparación y justicia en Uruguay son resueltos de manera insatisfactoria para la población permitiendo la impunidad de las Fuerzas Armadas.  

 

En las primeras elecciones democráticas, luego de la dictadura, llega al poder Julio María Sanguinetti, bajo el lema “Cambio en paz”, que reflejaba esta mirada conservadora y que al mismo tiempo aceptaba este pacto con los militares y la clase política. Se evitaría así, que los militares se alzaran nuevamente y llegaran al poder, a cambio de no perseguirlos ni juzgarlos. Por lo tanto el proceso electoral fue más de restauración que de renovación.

 

La facción Sanguinetti contaba con una representación minoritaria en la legislatura, por lo que busca acuerdos con otros partidos políticos, sindicatos, y otras organizaciones. Para limitar conflictos políticos y sociales y evitar un nuevo pronunciamiento militar. La CONAPRO (Concertación Nacional Programática) llegó a acuerdos en varios aspectos exceptuando lo económico, y la amnistía a los tupamaros. 

 

Sanguinetti tiene un gran descenso en popularidad debido a que el retorno a la democracia no era lo único que importaba, con el retroceso de la perspectiva de una nueva intervención militar, ahora la democracia era el marco donde los grupos oprimidos por el régimen podían expresar sus problemas; los conflictos laborales de la clase trabajadora y la población marginada empiezan a aumentar entre 1985-1986 exigiendo mayores salarios. El gobierno para contener las presiones de los salarios rehabilita los consejos de salarios de 1943, y se apoya en el excedente manufacturero para satisfacer las demandas de artículos de consumo.

 

Al mismo tiempo, la sociedad uruguaya comienza a exigir justicia a la luz del Informe emitido por la Comisión investigadora sobre la desaparición de personas (1985). 

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En 1986 comienza el Poder Judicial a citar a militares acusados de crímenes de lesa humanidad, ante esto el Comandante en jefe Hugo Medina, ministro de defensa declara abiertamente un desacato al guardar las citaciones en su despacho impidiendo que salieran de ahí. Esta insubordinación por parte de los militares termina con el Presidente Sanguinetti, dictando la ley 15.848 denominada de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado donde se exonera a los militares de los crímenes de lesa humanidad. De esta forma se consagró la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos entre 1973 hasta 1985. 

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Esta Ley hacía una excepción para los casos de niños desaparecidos, tal como explica la historiadora de la Universidad de la República, Mónica Maronna: “la ley se promulga, sale, establecía una exoneración para los casos de los niños desaparecidos, en su cuarto artículo se establecía que se promoverían la búsqueda de niños desaparecidos, cada caso tenía que pasar por el presidente o poder ejecutivo, mientras el gobierno tuviera un Sanguinetti o Lacalle, cada vez que llegaba un pedido, al cajón, no se investigó nada o muy poco se avanzó, porque claro si los militares no entregaban la información, y el poder ejecutivo no hacía lugar a los reclamos.” 

 

Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, representante de la derecha en Uruguay, ganó las elecciones de 1989. La política Uruguaya empezaba a tener una dualidad: una izquierda con autoridad ejecutiva al ganar Tabaré Vásquez, representante de una nueva coalición (Frente amplio), la Intendencia de la ciudad de Montevideo por los votantes urbanos que cambiaban su lealtad partidista, y por otra parte los partidos tradicionales de derecha que mantenían un apoyo rural y provincial, lo que les permitía seguir dominando la escena política, esta dualidad de conservadores vs izquierda se acentúa con la composición del gobierno de Lacalle que incluye miembros de los colorados, (siendo él Blanco) buscando un acuerdo nacional. 

 

¿Cómo resolver el pasado?

 

"Yo fui miembro de las dos comisiones que organizaron los dos plebiscitos, y los perdimos por muy

poco. Y seguiría perdiéndolos un millón de veces. Porque yo no creo que valga la pena vivir para

ganar, creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer, y no lo

que te conviene. Y esto vale para todo: para la política, para la vida, para el amor, para el fútbol”

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Eduardo Galeano.

 

Los gobiernos posteriores a la dictadura Uruguaya fueron de una tendencia de Centro derecha que conscientemente trataron de ser pragmáticos y resolver rápidamente los asuntos “pendientes” respecto a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la dictadura. La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado era una ley de amnistía, similar al caso de Chile en 1978, o al caso de Argentina con las Ley de obediencia debida y de punto final de 1985; a pesar de la ley, sabemos que las sociedades comienzan a exigir no solamente Verdad, sino que también Juicio y reparación. 

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En el año 1989 las madres y familiares de detenidos desaparecidos mediante un referéndum quieren anular la ley de Caducidad, 3 mujeres lideraron este proceso: Elisa Dellepiane de Michelini, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz y María Esther Gatti de Islas. 

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Este hecho vuelve a poner en la esfera y debate público los términos de la transición democrática: Verdad, Justicia, Olvido y Perdón. Sin embargo, en la votación pierden el referéndum, manteniéndose la ley, esto dejó un desánimo muy profundo en la sociedad y en los movimientos sociales que a raíz de este episodio pierden mucha vitalidad durante la década de los 90, porque por más que presionaban y reclamaban no se les tomaba en cuenta.

 

Con la llegada de Jorge Batlle a la presidencia, en el año 2000, se crea la “Comisión para la paz”, con resultados muy limitados, esta comisión permitió las excavaciones en algunos centros militares donde se encontraron efectivamente restos de desaparecidos, en un primer momento los militares negaban todo tipo de evidencia que apuntaba en contra de ellos, luego pasó a ser un proceso de aceptación, pero sin asumir la responsabilidad penal en ningún momento. 

 

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Esta actividad pública conmemorativa: 

“Representan hoy una delicada situación entre estas políticas de memoria que se vienen impulsando y las reivindicaciones de la sociedad civil organizada que siente que aún no han sido atendidos sus reclamos, entendiendo que no se han realizado las investigaciones suficientes para conocer el paradero de los casi 200 desaparecidos reclamados por familiares y amigos.” (Vinyes Ribas, R. (Dir.), 2018). 

 

Hoy en día esta marcha sigue siendo muy significativa y masiva para la sociedad uruguaya, como plantea Mónica Maronna en la misma entrevista “esos movimientos de reivindicación que mantienen la llama encendida que generan que no son siempre las mismas personas, que el tema no es solamente de familiares, es una deuda social de todos, entonces que las nuevas generaciones los que hoy tienen 17-18 años toman la posta y van a esas marchas y los movimientos estudiantiles hacen suya la causa fue manteniendo con mucha fuerza” esta causa es más que la búsqueda de los familiares, la marcha se ha institucionalizado y es respetada por todo el país, de esta forma pasa a ser una demanda de la sociedad entera, una apropiación del movimiento que ha trascendido. 

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Las marchas por el silencio ocupan un lugar protagónico en cuanto a reivindicación de la sociedad uruguaya, deja en evidencia la falta de acción por parte del estado y que si la memoria se apaga y se olvida nunca se sabrá la verdad ni se hará justicia. “En este caso, el testimonio y la acción de marchar, como denuncia, ahora es apropiado por la sociedad uruguaya caminando más allá, portando el legado de generaciones que vivieron los acontecimientos pero desprendiéndose del mismo una vez que la memoria compartida públicamente se vuelve un arma reivindicativa y participativa de un grupo cada vez más numeroso.”(Vinyes Ribas, R. (Dir.), 2018).

 

El silencio cobra muchos sentidos, por una parte es una denuncia de la sociedad hacia el Estado uruguayo, también hacia los partidos políticos que de alguna manera aceptaron este consenso; pero también el silencio se relaciona al respeto, al detenerse en el presente y mirar lo ocurrido en su pasado reciente, para hoy volver y repetir “Nunca más” tal como canta Jaime Roos en la Murga Falta y Resto.