Transición Política en América del Sur 

La dictadura militar en Argentina se extendió entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Las Fuerzas armadas, llamaron a esta etapa “proceso de Reorganización Nacional”. La consigna del régimen era simple, suprimir la subversión, eliminar la corrupción y superar la crisis económica. 

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La represión brutal del régimen fue instalada en un país donde la violencia se encontraba normalizada anteriormente por distintos movimientos revolucionarios de izquierda y grupos terroristas de derecha, esto provocó que durante “el proceso”, llamado así por los militares de la primera junta golpista de 1976, fuera aceptada por la sociedad argentina.  

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El 10 de diciembre de 1983, se realizó el traspaso de mando desde el régimen militar dictatorial a un gobierno democrático, es relevante mencionar antecedentes que permiten comprender este proceso de transición política a la democracia. 

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El primer antecedente comienza en el año 1979 que lo menciona el historiador Fernando Ramírez: “la junta militar saca un documento en el que inicia o insinúa y propone de manera tibia una apertura política necesaria eso coincide con el momento en el que la junta militar también establece el final de la guerra, como llamaban ellos al terrorismo de Estado”. Además, Argentina estaba teniendo fuerte presión internacional debido a la violación sistemática de los Derechos Humanos, lo que hizo que la Comisión interamericana de Derechos Humanos visitara el país, la cual dio paso a que se recogieran testimonios de víctimas del terrorismo de Estado, elaborando un informe que dejó en evidencia la situación que estaba ocurriendo. 

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El segundo antecedente es la crisis económica que el país venía arrastrando desde el gobierno de Juan Domingo Perón y que tuvo que afrontar su viuda Estela Martínez de Perón, con la dictadura, que intentará liberalizar la economía se agudizó: 

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“En 1979,1980 y 1981, el gasto militar alcanzó niveles sin precedentes y fue responsable en gran parte de la reversión en la tendencia del déficit fiscal y el aumento de la deuda exterior debido a la compra de armas en el extranjero.” (Bethell, 1990).

 

El tercer y cuarto antecedente es a partir de 1982, en primer lugar la prensa comenzó a publicar manifestaciones y movilizaciones de las Madres de Plaza de Mayo (creada en 1977) que exigen saber sobre sus hijos e hijas detenidas ilegalmente. Las Madres de la Plaza de Mayo fueron protagonistas indiscutibles en la visibilización de las violaciones a los Derechos Humanos. El investigador de la UBA, Fernando Ramírez nos comenta: ”una condición de posibilidad de ese movimiento fue justamente que fuera encarado por mujeres, esta interpretación establece que la dictadura las subestimó por ser mujeres, de ser así gravísimo error, punto para la libertad.” En segundo lugar, el mismo año, la junta decide desembarcar tropas argentinas en Malvinas y ocupar ese territorio, con esto, comienza una etapa belicista y muy chauvinista de la dictadura, lo que les permitió por un breve momento un amplio apoyo de la población Argentina: “Trasladaron a las islas una enorme cantidad de soldados, mal entrenados, escasamente pertrechados, sin posibilidades de abastecerlos y con jefes que carecían de ideas acerca de cómo defender lo conquistado.” (Romero. 2004. Pág. 192-193).

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Este conflicto bélico que enfrentó a Argentina y a Gran Bretaña, marcó el punto de retirada de la dictadura militar. La imagen de las Fuerzas Armadas, como protectoras de la nación, comenzó a caerse con la derrota en Malvinas. La idea de la Paz Interior, argumento de los militares para tener el poder, es cuestionada debido al terrorismo de Estado. La crisis de legitimidad se profundiza y es imparable, de esta forma el proceso de transición se acelera mucho por el debilitamiento del régimen. 

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La prensa, que antes de Malvinas había sido más bien servil a la dictadura, al finalizar la guerra, comenzaron a publicar y difundir reportajes vinculados a las violaciones a los Derechos Humanos -algo que la Historiadora Claudia Feld llamó “Show del horror”. (Feld, 2009). A partir de Malvinas el régimen está deslegitimado y debilitado los medios comienzan a publicar las denuncias respecto a los DDHH. “La prensa, que en otro tiempo respaldara a los gobiernos, optó por cambiar de discurso y denunciar la violación de los derechos humanos cometidos a partir de 1976.” (Vinyes Ribas, R. (Dir.), 2018.)

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Los militares previendo que se venía una retirada elaboraron un informe llamado “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” que permitió luego la llamada Ley de Pacificación Nacional (Ley N°22.924) la que significaba una auto-amnistía para todos los involucrados en violaciones a los derechos humanos, ley que se promulgó en septiembre de 1983. (Carnovale, 2007).

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“Esta versión del pasado sustentada públicamente por las Fuerzas Armadas y apoyada por sectores, grupos e individuos de la derecha (y aún por algunos exponentes de la jerarquía eclesiástica) fue categóricamente rechazada por la amplia mayoría de la población que en el clima del <despertar> democrático constataba con indignación la masividad de los crímenes perpetrados por el Estado y se posicionaba con nuevo fervor del lado de la democracia y de la ley.” (Carnovale, 2007).

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Este ‘despertar’ de la sociedad, plantea Carnovale, permitió que la memoria que permitía la justificación de todos los crímenes perpetrados por parte del Estado durante la dictadura, se fuera debilitando. 

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Ell 30 de octubre de 1983, se llama a votaciones y Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) sale electo presidente, una frase muy célebre de Alfonsín en este período es: “Con la democracia se come, se educa y se cura”. La socióloga Melisa Redondo a quien entrevistamos plantea: “Alfonsín ya en campaña empieza a hablar de la democracia como la posible solución a todos los problemas”. Esta idea de una hegemonía democrática a partir de 1983, es clave para entender que otra de las decisiones más relevantes de este gobierno va a ser enjuiciar a los miembros de la Junta militar.

 

“Nunca más”

 

Las primeras medidas del gobierno de Alfonsín fueron respecto a los derechos humanos, por ello se enjuicia a los miembros de las tres juntas militares y a algunos líderes guerrilleros. Las organizaciones de DDHH exigen cárcel y pena común, lo que se logró, ya que se juzga a los militares con justicia civil, no militar. Estos juicios fueron televisados, pero sin emisión de sonido,provocando impacto en la sociedad. 

 

Se crea la Comisión Nacional de Desaparecidos CONADEP, órgano responsable de recibir y sistematizar toda la información de violaciones a los derechos humanos, con el informe “Nunca más”: “Entre sus obligaciones figuraba: recibir denuncias y pruebas, y enviarlas a la Justicia, buscar el paradero de personas desaparecidas, identificar niños robados, así como denunciar cualquier intento de obstrucción u ocultación de pruebas y redactar un informe final con los hallazgos reunidos. Con la creación de la CONADEP, las desapariciones forzadas se convirtieron en una cuestión de Estado.” (Vinyes Ribas, R. (Dir.), 2018.) 

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El informe “Nunca más” registró 8960 desaparecidos y 340 centros clandestinos de detención y tortura, describió el sistema de desaparición que derrumbó el discurso negacionista que los militares habían mantenido. El “Nunca más” se publicó en formato libro y vendió cientos de miles de ejemplares, y quedó como una verdad jurídica, conserva un carácter emblemático y es utilizado cuando se habla sobre lo ocurrido en la dictadura. 

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Cuando se inició el proceso judicial, numerosos militares son llamados a declarar y se les imputan delitos que las víctimas y sus familiares denuncian, en 1987, durante Semana Santa un grupo de oficiales decide acuartelarse en Campo de Mayo, regimiento cercano a la ciudad de Buenos Aires, solicitando una salida política a los juicios que se estaban llevando a cabo. El propio Raúl Alfonsín, tuvo que acudir personalmente, para que los oficiales se rindieran, ya que el alto mando de las FF.AA. se negó a reprimirlos. Luego de esto, el Congreso Argentino decidió sancionar dos leyes, que luego el gobierno de Néstor Kirchner va a derogar: la “Ley de Punto Final” (1986) y “Ley de obediencia debida” (1987) que permitía exculpar a la mayoría de los oficiales que habían participado de la represión.  

 

En medio de una crisis hiperinflacionaria Alfonsín se ve obligado a renunciar antes de terminar su período. En las siguientes elecciones presidenciales de 1989, gana Carlos Menem del Partido Justicialista, con un discurso populista, Menem encarna las tradiciones anti-políticas del peronismo y el apoyo de los sindicatos que aportaron la movilización obrera durante su campaña, resurge el peronismo mezclado con el neoliberalismo. 

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La llegada de Menem, marca definitivamente el fin de la transición en Argentina, puesto que a partir de este punto la sociedad civil asume que esta etapa de interrupciones militares en política nunca más sucedería, por este nuevo sentido que cobra la democracia y por visibilizar y exponer los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la junta militar. Este traspaso de mando de manera democrática fue muy simbólico, puesto que fue en medio de una gran crisis económica, que es cuando los militares solían intervenir, y sumado a que el cambio de mando era de radicales a peronistas.

 

El gobierno de Menem asume en 1989, tuvo que enfrentar el doble desafío de gestionar la transición democrática y manejar la crisis económica. Retrocede en políticas de derechos humanos, hizo las paces con la jerarquía militar al conceder el perdón presidencial a oficiales acusados por violaciones a los derechos humanos. Durante este período comprendido entre 1987-1990 hubo 4 intentos de atrincheramiento y copamiento de cuarteles por parte de los militares que fueron denominados los “Levantamientos Carapintadas”, pero que no pasó a mayores, fue un episodio donde entre los propios militares se reprimieron. Desde 1983 el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, lo que da cuenta que el poder político está por sobre el poder militar y funciona como mecanismo para evitar futuros levantamientos militares, desde ese momento ya no hay más tutela militar.

 

A partir del gobierno de Néstor Kirchner que asume la presidencia en 2003, no sólo se reafirma esta visión de que los militares nunca más volverían al poder, sino que se avanza mucho y se logra un trabajo importante en políticas de la Memoria y Derechos Humanos, a través de creación de espacios de memoria basándose en 2 valores fundamentales: el respeto a los DDHH y el valor de la democracia. Finalizando así la transición hacia la democracia en Argentina

 

“Si no hay justicia hay escrache”

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"Me acuerdo bien, Y le doy las gracias a mi memoria, No voy a ser tan tarado de repetir la

historia. De darle un voto, A los que te mienten y te saquean. Y ahora se quejan, Porque en la

calle los reputean."

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Ignacio Copani, Escrache. 2005.

 

La transición Argentina ciertamente está en la memoria social reciente. El tema de los DDHH no ha sido resuelto de manera satisfactoria, pero sí han sido un ejemplo en cuanto a justicia transicional para el resto del mundo y en esto Argentina es uno de los países que está a la vanguardia, al decidir enjuiciar a la junta militar, de inmediato al terminar el régimen. Haciendo que los militares fueran condenados cumpliendo su pena en cárceles comunes.  

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En 1987 se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que recopiló y guardó las muestras de ADN de familiares de víctimas del terrorismo del Estado que fueron secuestradas y desaparecidas, este tema fue vital para que las Abuelas de Plaza de Mayo, que comienzan a existir en 1977, pudieran recuperar a nietos y nietas nacidos en cautiverio que habían sido entregados ilegalmente a familias proclives a la dictadura. 

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La historiadora Mónica Maronna plantea en una entrevista con nosotros: “lograron no solamente que se pudiera saber que había un lazo de padres a hijos, sino también de padres a nietos, o a tíos, saltándose la línea directa, la cual fue muy importante, porque la mayor parte de los padres habían también desaparecido”.

 

El tema de los DDHH fue algo que nunca se negoció en Argentina, como plantea el historiador Joaquín Sticotti en una entrevista con él: “Ciertas consignas fueron “Ni olvido ni perdón” “Memoria, Verdad y Justicia”, ideas que remiten a que no se puede negociar el juicio de lo que sucedió en esos años por lo atroz que fue la represión”. Por una parte memoria hace referencia a una visión del pasado desde el presente de lo que pasó, y en esa dimensión de memoria el mensaje es no olvidar. Este concepto se hace realidad en los espacios de Memoria y Derechos Humanos impulsados por el gobierno Néstor Kirchner, para reforzar la idea del “Nunca más”. 

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El concepto de verdad tiene que ver con entender qué pasó realmente con esas personas, este concepto se ve en el informe “Nunca Más”, del gobierno de Raúl Alfonsín. 

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Y por último el concepto de justicia, es partir de la premisa que sin verdad no hay justicia, y permitió que los militares fueran procesados por la justicia civil. 

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Este concepto se ve reflejado en varios momentos, primero el hito histórico del juicio a las juntas, luego durante el gobierno de Carlos Menem, la decisión de indulto a los militares presos, posteriormente, la sociedad civil que reacciona ante esta decisión, lo que lleva a la aparición de una nueva agrupación, H.I.J.O.S (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, quiénes impulsan la consigna “Si no hay justicia hay escrache”. 

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El escrache , es una intervención pública donde denuncian a represores (muy similar a lo realizado en Chile en la década de los ’90 por el movimiento FUNA) (Carnovale. 2007) Los escraches tuvieron el doble objetivo de presionar al Estado para enjuiciar a los represores y sancionarlos socialmente.

 

Para concluir, hemos aprendido que el proceso de transición política argentino ha culminado;  los conceptos de: memoria, justicia y verdad; han logrado un consenso en el imaginario público y político de Argentina respecto a la dictadura vivida entre 1976 hasta 1983. 

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De todas maneras, sigue como punto de conflicto social, los casos de nuevas desapariciones de personas, como es el caso de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en la provincia de Buenos Aires desde el 30 de abril de 2020. 

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Para poder avanzar en una sociedad es necesario volver a revisar estos procesos que ocurrieron en el pasado, volver a rememorar estos conflictos y lograr una mirada colectiva donde el respeto a la dignidad humana sea la base de cualquier democracia.